- 5.937 empleados y obreros de la Fiscalía General realizaron la actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio.
El proceso de actualización de la situación patrimonial de los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público que la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela llevó a cabo en este organismo se cumplió exitosamente, pues se logró la declaración de 97,22% de los trabajadores.
Los resultados indican que 5.937 funcionarios, empleados y obreros de la Fiscalía General realizaron efectivamente la actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP), durante el período comprendido entre el 1° y el 31 de enero de 2012.
Esta colaboración interinstitucional posee como rasgo destacado el hecho de que es la primera vez que un organismo solicita por iniciativa propia la actualización de la situación patrimonial de todos sus trabajadores y trabajadoras. La solicitud realizada por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, constituye un crédito importante en la transparencia que debe prevalecer en la administración pública.
El éxito de este proceso se alcanzó gracias a la articulación de las instituciones del Estado, y a las distintas labores de asesoramiento que la CGR llevó a cabo, como las charlas dictadas sobre el método diseñado para ejercer el control y seguimiento del trámite y los detalles del sistema electrónico DJP Web.
Todo empleado público debe rendir cuentas de su gestión y patrimonio, es por ello que la no realización de este trámite está penalizada, según el numeral 3 del artículo 33 de la Ley Contra la Corrupción.
La importancia de la Declaración Jurada de Patrimonio radica en la disponibilidad actualizada de la evolución patrimonial de los empleados públicos, lo que representa una herramienta para la prevención de los delitos de corrupción, y un instrumento para las investigaciones que inicie la Contraloría General o requiera el Ministerio Público.
La Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Contraloría General planea ejecutar próximamente la actualización de la DJP de los funcionarios, empleados y obreros de otros sectores de la administración pública nacional.
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